Sígueme en Twitter

Madres robadas, bebés secuestrados, crímenes de lesa humanidad

Manifestacion en Madrid, junio de 2014

Manifestacion en Madrid, junio de 2014

Madres robadas, bebés secuestrados, crímenes de lesa humanidad son denunciados desde las asociaciones de víctimas, en la mayoria de las ocasiones encabezadas por mujeres. Se trata de delitos contra las mujeres, que se calculan en decenas de miles de víctimas, realizados con total impunidad durante decadas, amparados por un Estado que se definió nacional-católico en el pasado, gobernado en la actualidad por fuerzas ultraconservadoras herederas del franquismo.

Los delitos contra las mujeres en la sociedad española tienen su máximo exponente en los robos y secuestros de bebés, realizados durante décadas, en años de dictadura y aún después. Se trata de crímenes cometidos a través de numerosas instituciones del Estado y de clínicas privadas y públicas en los que están implicados funcionarios, abogados, médicos, curas y monjas; en miles de casos, ampliamente documentados.  Ocurrió desde los inicios de la dictadura y a partir de 1969 y hasta la aprobación de la primera ley que regula la adopción, en 1987, con la mediación de la Asociación Española para la Protección de la Adopción, presidida desde su creación por Gregorio Guijarro Contreras, Fiscal General del Tribunal Supremo y estrechamente vinculada a profesionales y religis@s del Opus Dei, cuya sede se situaba en la misma del Tribunal Tutelar de Menores.

Las mujeres, madres robadas.

Las mujeres, madres robadas.

El neocapitalismo al que asistimos, las politicas de recortes de derechos, la propuesta de Ley del Ministro de Justicia Ruiz Gallardon   que niega la libre maternidad,  nos reconduce por el camino del que venimos de la mano de las propuestas de penalización del derecho al aborto y el traspaso de fondos públicos a instituciones privadas, encargadas de centros a la promoción de la maternidad, al retorno de la beneficencia y de la presencia de la Iglesia catolica frente a los servicios públicos laicos.

La negación de derechos y libertades a las mujeres, la ausencia de libertad para la elección de la maternidad, la penalización del derecho al aborto, están estrechamente ligados a los múltiples delitos que se cometieron contra las mujeres durante la dictadura y  después de la Transición política. Delitos y crímenes de lesa humanidad que aparecen hoy en miles de denuncias de mujeres a quienes les arrebataron sus hijas/os nada más nacer y que décadas después los siguen buscando, amparadas hoy en un marco de libertades frente a un Estado que se muestra cómplice de aquellos delitos al cerrar reiteradamente los caminos para los procesos, las denuncias y las investigaciones.

Cuerpos al servicio de la patria, cuerpos recipientes, cuerpos reproductivos: la dictadura creo una amplia red de control de las mujeres: desde la Iglesia católica, al Patronato de Protección de la Mujer vinculado al ministerio de Justicia pasando por la escuela. El objetivo: el control, el adoctrinamiento y la recristianización de una sociedad que consideraban pervertida por las ideas democráticas y laicas. El cuerpo femenino quedó secuestrado en poder de los varones a través del matrimonio y de toda una red piramidal que partía del dictador y que tenía su base en la familia.

Las mujeres condenadas a vivir para criar hijo@s como fuerza de trabajo, a través de la redistribución (secuestros y robos de bebés en forma de adopciones irregulares) para llenar los vacíos y necesidades de la clase dominante bajo su propia tutela, incorporándolos a sus propias familias. El franquismo definirá a la mujer, de hecho, como un cuerpo reproductor sin derechos. Y a su tarea, el cuidado doméstico de los varones y necesitados de su entorno; quedara condenada al destierro de la vida pública y a la enajenación del propio cuerpo.

El secuestro de los en clínicas y maternidades ha de entenderse en el contexto de una sociedad sometida por décadas de dictadura, sin libertades ni derechos  frente a autoridades de cualquier tipo, incluidos, médicos, funcionarios y religiosos/as. A finales de los años sesenta, para reforzar las redes de adopciones, se creo la Asociación Española para la Protección de la Adopción, presidida por un fiscal del Tribunal Supremo, vinculada al Tribunal Tutelar de Menores, con sede en las dependencias del miso tribunal y constituida por profesionales, abogados y médicos y religiosos vinculados al Opus Dei.

 Las adopciones irregulares se convirtieron en moneda de cambio habitual durante décadas. A través de contactos e influencias con médicos, religiosas y/o sacerdotes era posible adoptar un bebé con el pago previo de unos “gastos” justificado bajo el epígrafe de minutas de abogados y médicos. Las irregularidades se extendieron en el tiempo y se consolidaron a través de clínicas privadas y públicas, con documentos repletos de irregularidades. Mujeres, generalmente de familias trabajadoras, muchas de ellas amas de casa y madres de otros hij@s, fueron desposeídas de sus bebés al alumbrarlos, o de uno de ellos si se trataba de mellizos o gemelos. Los médicos o las religiosas que las atendían en el parto, les anunciaban que había muerto y, en la mayoría de los casos, no les mostraban el cadáver. Los bebés eran entregados a familias adoptivas de mayor nivel economico, generalmente desconocedoras de que aceptaban un bebé secuestrado.

Hoy, cientos de asociaciones por toda la geografía española, agrupan sobre todo a mujeres, pero también a padres y hermanos y hermanas de aquellos bebés que fueron arrebatados de sus familias.  La Justicia y la reparacion de tantos delitos queda pendiente; la sociedad española, herida profundamente mientras no sea capaz de dotarse de instituciones democraticas capaces de vencer la reiterada impunidad.

.

Deja un comentario